PARTICIPAR
Encuentro singular cómo algún sector de la ciudadanía entiende lo que significa la participación ciudadana. Considera que cualquier persona se puede presentar libremente en los foros donde la participación se lleva a cabo. Cree que sin acatar una serie de normas establecidas se tiene la libertad de acudir.
En un estado de derecho todos tenemos el derecho y también la obligación de aportar a la sociedad lo que consideremos más oportuno para la mejora de la calidad de vida. Pero si se lleva a cabo en un contexto donde existen mecanismos participativos se deben respetar. Nadie debería forzar los límites que se establecen para participar en los ámbitos regulados para la participación. Si esto sucediera podría contaminar el cauce que se facilita para que la ciudadanía pueda aportar ideas, sugerencias e incluso reclamaciones a la administración.
En la actualidad los gestores públicos están tomando decisiones para dar la suficiente cobertura a la participación ciudadana. Algo que no significa una novedosa imitación de ciertos modelos asamblearios o anárquicos, al contrario. Se están dando los pasos para la regulación y puesta en marcha de una comunicación eficaz y transparente entre la administración y los ciudadanos. Tal vez se esté edificando una nueva etapa en la que los ciudadanos serán los verdaderos protagonistas de la gerencia pública.
Para que esto sea una realidad la ingerencia de personas que todavía no son conscientes de la transformación que está experimentando la sociedad ralentizará el proceso. Queda mucho camino por recorrer y por tanto desde todos los sectores que componen la capital ha de hacerse un gran esfuerzo. La pedagogía del asociacionismo ha de contemplarse como el mejor instrumento para conseguir los objetivos marcados. Todos deben contribuir al crecimiento de la sociedad.
sábado, 28 de enero de 2012
lunes, 23 de enero de 2012
RESPUESTA
RESPUESTA
La nueva línea que desde el Ayuntamiento trata de ponerse en marcha en cuanto a la distribución de las subvenciones para las asociaciones vecinales significa una clara voluntad de entorpecer la labor que venían desarrollando con el objetivo de fomentar el desánimo y en algunos casos va ha significar abondonar un servicio voluntario que contribuye a fomentar la calidad de vida de la ciudad.
Parece que lo que se venía desarrollando hasta ahora con mucho esfuerzo a pesar de los escasos recursos que aportaba el Consistorio los políticos de esta ciudad apenas lo valoran. Si los colectivos vecinales tendríamos que pasar una minuta por la colaboración a la mejora de esta ciudad y por consiguiente a facilitar el trabajo de los concejales los presupuestos de la capital se dispararían. Nos parece realmente preocupante que cuando las arcas municipales están escasas de recursos las asociaciones tengamos que pagar la factura de gestiones políticas del paasado muy desacertadas. No voy ha poner ningún ejemplo ya que necesitaría unos cuantos folios.
Consideramos un claro atropello si se lleva a cabo un recorte drástico en los recursos que se dedican al asociacionismo hacia una labor desinteresada. Entendemos que la situación económica por la que todos atravesamos, también las instituciones, obliga ha tomar decisiones duras. Pero ello no significa fomentar la desaparición de un pilar imprescindible para el desarrollo de cualquier sociedad como es el trabajo del voluntariado.
La nueva línea que desde el Ayuntamiento trata de ponerse en marcha en cuanto a la distribución de las subvenciones para las asociaciones vecinales significa una clara voluntad de entorpecer la labor que venían desarrollando con el objetivo de fomentar el desánimo y en algunos casos va ha significar abondonar un servicio voluntario que contribuye a fomentar la calidad de vida de la ciudad.
Parece que lo que se venía desarrollando hasta ahora con mucho esfuerzo a pesar de los escasos recursos que aportaba el Consistorio los políticos de esta ciudad apenas lo valoran. Si los colectivos vecinales tendríamos que pasar una minuta por la colaboración a la mejora de esta ciudad y por consiguiente a facilitar el trabajo de los concejales los presupuestos de la capital se dispararían. Nos parece realmente preocupante que cuando las arcas municipales están escasas de recursos las asociaciones tengamos que pagar la factura de gestiones políticas del paasado muy desacertadas. No voy ha poner ningún ejemplo ya que necesitaría unos cuantos folios.
Consideramos un claro atropello si se lleva a cabo un recorte drástico en los recursos que se dedican al asociacionismo hacia una labor desinteresada. Entendemos que la situación económica por la que todos atravesamos, también las instituciones, obliga ha tomar decisiones duras. Pero ello no significa fomentar la desaparición de un pilar imprescindible para el desarrollo de cualquier sociedad como es el trabajo del voluntariado.
domingo, 22 de enero de 2012
ORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN
Gastar menos de lo que se recauda debería ser algo natural que las diferentes administraciones deberían haber tenido como eje central de sus actuaciones. La situación dificil económicamente en la que nos hallamos está haciendo que la clase política comience ha desarrollar la estrategia de cualquier familia. Consumen, invierten o emplean recursos con arreglo a los que disponen.
El equilibrio de las cuentas públicas va ha suponer un duro golpe para toda la sociedad. Tanto para quienes tienen la responsabilidad para ejecutarlas y en mayor medida para quienes van ha sufrir las consecuencias. Los recortes que las instituciones van ha tener que llevar a cabo son extrairdinariamente necesarios. Se ha gestionado tan deficientemente durante el pasado que corregirlo va ha ser una empresa muy dificil y que va ha tener consecuencias dificilmente calculables. La propuesta de ley para sancionar a los responsables políticos que empleen los recursos públicos sin la responsabilidad que se exige su labor es una medida acertada.
Nuestro país tiene por delante un año para emerger de la profundidad de la crisis y cumplir con el objetivo de déficit. Para ello ha de demostrar que tiene capacidad para llevarlo a cabo lo cual significarcará que somos creíbles y devolverá la credibilidad a los mercados. Las numerosas instituciones que elaboran presupuestos han de ser rigurosas y disciplinadas. Pero hay una norma no escrita que debe aplicarse.
Dar ejemplo con el ejemplo. Los políticos que están al frente de las administraciones deben ser los primeros en regular sus honorarios. Ya no exite ningún argumento de solvencia que sirva para aplazar el recorte de los recursos que se dedican a las nóminas de los responsables políticos. No puede mantenerse sueldos iguales o muy parecidos que se tenían antes del estallido de la crisis. Lo que se debe de hacer es adecuarlos a la producción que es igual que decir con arreglo a los ingresos. El cinturon lo debemos de apretar todos y cada uno de los ciudadanos, pero quien aplica las rebajas debe saber que no se debe de excluir. De lo contrario estará timando y estafando a la sociedad.
Gastar menos de lo que se recauda debería ser algo natural que las diferentes administraciones deberían haber tenido como eje central de sus actuaciones. La situación dificil económicamente en la que nos hallamos está haciendo que la clase política comience ha desarrollar la estrategia de cualquier familia. Consumen, invierten o emplean recursos con arreglo a los que disponen.
El equilibrio de las cuentas públicas va ha suponer un duro golpe para toda la sociedad. Tanto para quienes tienen la responsabilidad para ejecutarlas y en mayor medida para quienes van ha sufrir las consecuencias. Los recortes que las instituciones van ha tener que llevar a cabo son extrairdinariamente necesarios. Se ha gestionado tan deficientemente durante el pasado que corregirlo va ha ser una empresa muy dificil y que va ha tener consecuencias dificilmente calculables. La propuesta de ley para sancionar a los responsables políticos que empleen los recursos públicos sin la responsabilidad que se exige su labor es una medida acertada.
Nuestro país tiene por delante un año para emerger de la profundidad de la crisis y cumplir con el objetivo de déficit. Para ello ha de demostrar que tiene capacidad para llevarlo a cabo lo cual significarcará que somos creíbles y devolverá la credibilidad a los mercados. Las numerosas instituciones que elaboran presupuestos han de ser rigurosas y disciplinadas. Pero hay una norma no escrita que debe aplicarse.
Dar ejemplo con el ejemplo. Los políticos que están al frente de las administraciones deben ser los primeros en regular sus honorarios. Ya no exite ningún argumento de solvencia que sirva para aplazar el recorte de los recursos que se dedican a las nóminas de los responsables políticos. No puede mantenerse sueldos iguales o muy parecidos que se tenían antes del estallido de la crisis. Lo que se debe de hacer es adecuarlos a la producción que es igual que decir con arreglo a los ingresos. El cinturon lo debemos de apretar todos y cada uno de los ciudadanos, pero quien aplica las rebajas debe saber que no se debe de excluir. De lo contrario estará timando y estafando a la sociedad.
sábado, 21 de enero de 2012
PRIORIDADES
PRIORIDADES
Los ajustes presupuestarios, que son realmente necesarios debido a la preocupante situación económica, suelen acarrear malestar generalizado enrtre la ciudadanía. No por el control del presupuesto, que es obligado hacerlo y del que todos estamos de acuerdo, si no las prioridades que se establecen para llevar a cabo el "tijeretazo". En un contexto tan complicado quien en mayor medida siente el azote de la crisis es el sector de la población más desprotegido. Dentro de este sector hay uno que sufre en silencio y con la única esperanza puesta en la generosidad del primer mundo. Son los emigrantes. No estoy refiriendome a que estos nuevos vecinos tengan un mejor trato por parte de la admistración. Me refiero a las familias que dejaron en sus respectivos países y que nuestro Ayuntamiento atendía por medio de los Planes de Cooperación al Desarrollo. La solidaridad de los vitorianos ha sido la bandera y el orgullo de la ciudad y que a pesar de la grave situación debe mantener.
En los últimos días ha habido cierto desaliento entre colectivos vinculados sobre todo a la colaboración con países que necesitan de nuestra generosidad debido a los recortes presupuestarios. Recortar en tres millones de euros la solidaridad no es baladí y los responsables públicos deberían meditar de manera más tranquila y pausada la disminución de la partida dedicada a la solidaridad.
Todo mandatario cuando debe atender situaciones de contrastada dificultad se puede desorientar transitoriamente debido a la cruda realidad. Necesita en ocasiones confundir prioridades para a continuación reaccionar tan satisfactoriamente que es dificil mejorar sus decisiones. Es posiblemente lo que ocurre en nuestra ciudad. La herencia que el Gobierno de la ciudad ha recibido con unas arcas tan "llenas de humo" es muy complicado que desde el primer instante se reconducca la situción de forma correcta.
La contención y reordenamiento del gasto es la mayor prioridad, pero también es prioritario salvaguardar la solidaridad que en definitiva es proteger a las personas. Son estas mismas personas las que en el futuro colaboren de forma activa e importante a la sostenibilidad de la sociedad. Primero la solidaridad y después lo demás.
Los ajustes presupuestarios, que son realmente necesarios debido a la preocupante situación económica, suelen acarrear malestar generalizado enrtre la ciudadanía. No por el control del presupuesto, que es obligado hacerlo y del que todos estamos de acuerdo, si no las prioridades que se establecen para llevar a cabo el "tijeretazo". En un contexto tan complicado quien en mayor medida siente el azote de la crisis es el sector de la población más desprotegido. Dentro de este sector hay uno que sufre en silencio y con la única esperanza puesta en la generosidad del primer mundo. Son los emigrantes. No estoy refiriendome a que estos nuevos vecinos tengan un mejor trato por parte de la admistración. Me refiero a las familias que dejaron en sus respectivos países y que nuestro Ayuntamiento atendía por medio de los Planes de Cooperación al Desarrollo. La solidaridad de los vitorianos ha sido la bandera y el orgullo de la ciudad y que a pesar de la grave situación debe mantener.
En los últimos días ha habido cierto desaliento entre colectivos vinculados sobre todo a la colaboración con países que necesitan de nuestra generosidad debido a los recortes presupuestarios. Recortar en tres millones de euros la solidaridad no es baladí y los responsables públicos deberían meditar de manera más tranquila y pausada la disminución de la partida dedicada a la solidaridad.
Todo mandatario cuando debe atender situaciones de contrastada dificultad se puede desorientar transitoriamente debido a la cruda realidad. Necesita en ocasiones confundir prioridades para a continuación reaccionar tan satisfactoriamente que es dificil mejorar sus decisiones. Es posiblemente lo que ocurre en nuestra ciudad. La herencia que el Gobierno de la ciudad ha recibido con unas arcas tan "llenas de humo" es muy complicado que desde el primer instante se reconducca la situción de forma correcta.
La contención y reordenamiento del gasto es la mayor prioridad, pero también es prioritario salvaguardar la solidaridad que en definitiva es proteger a las personas. Son estas mismas personas las que en el futuro colaboren de forma activa e importante a la sostenibilidad de la sociedad. Primero la solidaridad y después lo demás.
lunes, 16 de enero de 2012
LEY Y JUSTICIA
LEY Y JUSTICIA
La sentencia, que ha dictado la Audiencia Provincial de Sevilla, sobre el asesinato de Marta del Castillo es un golpe muy crudo para la justicia. La condena que ha recaído sobre el único acusado es añadir más dolor a la familia de Marta. No se trata de que se produzca una venganza a través de la sentencia, de lo que se trata es de aplicar sensated, justicia, racionalidad y ejemplaridad. Las sentencias han de tener como primer objetivo el pago proporcional a la sociedad por el delito cometido mediante la privación de libertad.
Las leyes, en nuestro país, a juicio de una gran mayoría de ciudadanos, lejos de castigar con proporcionalidad al delincuente se han convertido en refugio del delito. Quien delinque sabe que la leyes en este país tienen una gran virtud. Son notablemente respetuosas y muy benevolentes con sus transgresores. Saben que en muchas ocasiones la jurisprudencia va más allá del garantismo. La ley para los asesinatos más repugnantes ha traspasado una línea demasiado peligrosa. Ha traspasado la línea de la dignidad, distanciándose de la verdadera justicia.
Culpar a los jueces por aplicar la ley que el poder legislativo ha diseñado es muy injusto. Los jueces son también víctimas de la insultante cobertura legal que se da a los que violan las leyes. Los ciudadanos de este país estamos saturados de los mismos argumentos que nuestro dirigentes políticos argumentan para evitar la reforma de las leyes que claramente son injustas. Como por ejemplo la ley del menor. Dicen que "no se debe legislar en caliente". Claro que no, pero a Marta la mataron hace demasiado y nada se ha hecho para acercar las leyes a lo que debería ser de justicia.
El caso de Marta no ha sido un ejemplo a seguir en el plano de la instrucción sumarial. También la ineficacia de policías e instructores ha tenido una influencia muy importante. La investigación de los policías fue tardía y dio paso a numerosas especulaciones, aunque se debe huir de todas ellas. La sociedad puede dar crédito a alguna por lo que pudiera poner en entre dicho el prestigio de la propia policía.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido receptivo con la indignación ciudadana debido a la sentencia dictada en el caso de Marta del Castillo. Ha reiterado su compromiso para una adecuada reorientación sobre el codigo penal. Todos esperamos que esto suceda y no tengamos que lamentar que la justicia en un país democrático como en el que nos encontramos sea desplazada por leyes inapropiadas. Por leyes que en vez de servir para hacer justicia siver para crispar a toda la sociedad. .
La sentencia, que ha dictado la Audiencia Provincial de Sevilla, sobre el asesinato de Marta del Castillo es un golpe muy crudo para la justicia. La condena que ha recaído sobre el único acusado es añadir más dolor a la familia de Marta. No se trata de que se produzca una venganza a través de la sentencia, de lo que se trata es de aplicar sensated, justicia, racionalidad y ejemplaridad. Las sentencias han de tener como primer objetivo el pago proporcional a la sociedad por el delito cometido mediante la privación de libertad.
Las leyes, en nuestro país, a juicio de una gran mayoría de ciudadanos, lejos de castigar con proporcionalidad al delincuente se han convertido en refugio del delito. Quien delinque sabe que la leyes en este país tienen una gran virtud. Son notablemente respetuosas y muy benevolentes con sus transgresores. Saben que en muchas ocasiones la jurisprudencia va más allá del garantismo. La ley para los asesinatos más repugnantes ha traspasado una línea demasiado peligrosa. Ha traspasado la línea de la dignidad, distanciándose de la verdadera justicia.
Culpar a los jueces por aplicar la ley que el poder legislativo ha diseñado es muy injusto. Los jueces son también víctimas de la insultante cobertura legal que se da a los que violan las leyes. Los ciudadanos de este país estamos saturados de los mismos argumentos que nuestro dirigentes políticos argumentan para evitar la reforma de las leyes que claramente son injustas. Como por ejemplo la ley del menor. Dicen que "no se debe legislar en caliente". Claro que no, pero a Marta la mataron hace demasiado y nada se ha hecho para acercar las leyes a lo que debería ser de justicia.
El caso de Marta no ha sido un ejemplo a seguir en el plano de la instrucción sumarial. También la ineficacia de policías e instructores ha tenido una influencia muy importante. La investigación de los policías fue tardía y dio paso a numerosas especulaciones, aunque se debe huir de todas ellas. La sociedad puede dar crédito a alguna por lo que pudiera poner en entre dicho el prestigio de la propia policía.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido receptivo con la indignación ciudadana debido a la sentencia dictada en el caso de Marta del Castillo. Ha reiterado su compromiso para una adecuada reorientación sobre el codigo penal. Todos esperamos que esto suceda y no tengamos que lamentar que la justicia en un país democrático como en el que nos encontramos sea desplazada por leyes inapropiadas. Por leyes que en vez de servir para hacer justicia siver para crispar a toda la sociedad. .
lunes, 9 de enero de 2012
2012 AÑO NUEVO
2012 NUEVO AÑO
Atrás queda un año difícil en muchos aspectos. Social,ético, pero sobre todo económico. La crisis que se fue cimentando allá por el 2008 ha tenido su punto más álgido el pasado 2011. Nos deja como legado un record que nunca hubieramos deseado, más de cinco millones de desempleados y con un millón trecientas mil personas que no reciben ningún tipo de prestación social. A lo largo de los últimos 365 días se contabilizaron mil parados diarios, cifra que nos da una idea de la grave situación por la que atravesamos. La destrucción de empleo ha pasado a ser la estrella del pasado más inmediato.
La situación es tan sumamente alarmante que las consecuencias que arrastra son también alarmantes. La Seguridad Social se halla hospitalizada, padece síntomas de agotamiento. No dispone de suficiente oxigeno para continuar recorriendo el camino de forma autónoma y por tanto hay que suministrarle respiración asistida. Somos 17.2 millones de cotizantes número equivalente al que había en 2004, pero con una diferencia. En el 2004 existían 8,4 millones de jubilados y en la actualidad la cifra de pensionistas asciende a 9,3 millones. Sus balances, los de la S.S.como no podía ser de otra manera, han dado un resultado negativo. Los números rojos campan a sus anchas, como un virus fuera de control sin antibiótico que frene su depredación. Aunque el Gobierno ha garantizado el cobro puntual de las pensiones no cabe duda que habrá que ajustar y obtimizar los recursos.
El 2011 también ha sido un año duro para la moneda común, el euro. Se ha visto cuestionada debido a la salud económica de la deuda de algunos países de la UE. Grecia ha encabezado la lista negra junto con Italia sin olvidarnos de nuestro país donde un Gobierno que ya ha sido sancionado en las urnas nos ha llevado anun callejón muy oscuro. Nuestra deuda se ha disparado en pocos meses con medidas que para nada han sido beneficiosas para la economía. Las letras y bonos han llegado ha una rentabilidad del 7,2% y una prima de riesgo de 500 puntos básicos, lo que da una idea de la falta de credibilidad de nuestro país.
Tenemos ante nosotros un panorama que roza el drama. El estado de bienestar, del que nos beneficiábamos está sufriendo una reducción amplia y muy aceleradamente. El deterioro de las administraciones, en materia económica, es tan importante que no tienen capacidad suficiente para dar respuestas a necesidades elementales de la ciudadanía. Los recortes presupuestarios son los que van ha pasar a ser los protagonistas en estos primeros meses de 2012.
No podemos continuar como hasta ahora. El gobierno que lidera Mariano Rajoy debe relegar a un segundo término los compromisos que realizo durante la campaña electoral. La herencia envenenada y con un alto grado de falsedades, que ha recibido, debe ser corregida y reorientada hacia la superación de todos los obtáculos para remontar la crisis. Cuando esto suceda será el momento de reclamar las promesas electorales que realizó el PP. Será el momento de comenzar a cobrar las facturas que se comprometió a pagar. Si no lo hace las urnas les responderán.
Atrás queda un año difícil en muchos aspectos. Social,ético, pero sobre todo económico. La crisis que se fue cimentando allá por el 2008 ha tenido su punto más álgido el pasado 2011. Nos deja como legado un record que nunca hubieramos deseado, más de cinco millones de desempleados y con un millón trecientas mil personas que no reciben ningún tipo de prestación social. A lo largo de los últimos 365 días se contabilizaron mil parados diarios, cifra que nos da una idea de la grave situación por la que atravesamos. La destrucción de empleo ha pasado a ser la estrella del pasado más inmediato.
La situación es tan sumamente alarmante que las consecuencias que arrastra son también alarmantes. La Seguridad Social se halla hospitalizada, padece síntomas de agotamiento. No dispone de suficiente oxigeno para continuar recorriendo el camino de forma autónoma y por tanto hay que suministrarle respiración asistida. Somos 17.2 millones de cotizantes número equivalente al que había en 2004, pero con una diferencia. En el 2004 existían 8,4 millones de jubilados y en la actualidad la cifra de pensionistas asciende a 9,3 millones. Sus balances, los de la S.S.como no podía ser de otra manera, han dado un resultado negativo. Los números rojos campan a sus anchas, como un virus fuera de control sin antibiótico que frene su depredación. Aunque el Gobierno ha garantizado el cobro puntual de las pensiones no cabe duda que habrá que ajustar y obtimizar los recursos.
El 2011 también ha sido un año duro para la moneda común, el euro. Se ha visto cuestionada debido a la salud económica de la deuda de algunos países de la UE. Grecia ha encabezado la lista negra junto con Italia sin olvidarnos de nuestro país donde un Gobierno que ya ha sido sancionado en las urnas nos ha llevado anun callejón muy oscuro. Nuestra deuda se ha disparado en pocos meses con medidas que para nada han sido beneficiosas para la economía. Las letras y bonos han llegado ha una rentabilidad del 7,2% y una prima de riesgo de 500 puntos básicos, lo que da una idea de la falta de credibilidad de nuestro país.
Tenemos ante nosotros un panorama que roza el drama. El estado de bienestar, del que nos beneficiábamos está sufriendo una reducción amplia y muy aceleradamente. El deterioro de las administraciones, en materia económica, es tan importante que no tienen capacidad suficiente para dar respuestas a necesidades elementales de la ciudadanía. Los recortes presupuestarios son los que van ha pasar a ser los protagonistas en estos primeros meses de 2012.
No podemos continuar como hasta ahora. El gobierno que lidera Mariano Rajoy debe relegar a un segundo término los compromisos que realizo durante la campaña electoral. La herencia envenenada y con un alto grado de falsedades, que ha recibido, debe ser corregida y reorientada hacia la superación de todos los obtáculos para remontar la crisis. Cuando esto suceda será el momento de reclamar las promesas electorales que realizó el PP. Será el momento de comenzar a cobrar las facturas que se comprometió a pagar. Si no lo hace las urnas les responderán.
RECORTES
RECORTES
La ciudadanía es consciente de que el erario público no se encuentran en su mejor momento. Sus fondos no están en condiciones de dar una respuesta integral a todas las demandas ciudadanas. La mala situación económica ha hecho que la recaudación institucional sufra un importante decrecimiento hasta cotas desconocidas desde hace décadas. Para paliar el descenso recaudatorio el gobierno municipal ha tomado iniciativas duras para el bolsilllo de los ciudadanos. Ha elevado algunas tasas e impuestos por encima del IPC y como consecuencia el poder adquisitivo de las familias se resentirá.
Nadie se agolpa para contribuir de forma voluntaria a que las arcas públicas remonten la situación en la que se hallan lo que se trasluce en la toma de decisiones por parte de los responsables políticos. No queremos renunciar a los servicios que se nos prestan desde la administración local. Pero tenemos que ser realistas y admitir que la situación en la que nos hallamos obliga a nuestros representantes ha mostrar su cara más seria.
Somos plenamente sabedores que tenemos ante nosotros un panorama que nos revela que la calidad de vida de la que disfrutamos va ha sufrir una transformación que no es la que todos desearíamos. Aunque también sabemos que si los dirigentes políticos toman las decisiones correctas superaremos los malos tiempos en un período razonable y recuperaremos todo a lo que habremos tenido que renunciar .
Las medidas que se van a ir adoptando y que repercutirán en el balance de las cuentas familiares deberán ir acompañadas de otras en las que también se vean reflejadas las decisiones difíciles tomadas. Recortar los gastos de la gestión local. Es el equivalente de la clausura temporal o definitiva de algunos servicios. Suprimir es la palabra clave y valiente que debería ser el denominador común de la administración. Esta ciudad no puede mantener servicios que no pueda hacer frente y mucho menos que sean duplicados como el Síndico o defensor vecinal cuya réplica se denomina Ararteco. El Síndico es un gabinete de consulta cuyos resultados no han respondido a las espectativas que se habían levantado desde que se creó. Además con un añadido, su coste. Muy elevado para los réditos que ha cosechado.
De igual manera dentro del paquete de recortes presupuestarios los representates de la ciudadanía deberían tener en cuenta su propio prestigio. Han de dar cumplido ejemplo disminuyendo los costes de la gestión política. Adecuar las nóminas de nuestros ediles a los nuevos tiempos. Sería de una ejemplaridad responsable, además los ciudadanos verían en este gesto mucha sensibilidad, una acción solidaria. Todos caminamos en la misma dirección con un mismo objetivo emerger de la crisis. Reconoceríamos que los políticos se colocan en el mismo tranvía que el resto de los viajeros contribuyentes comenzando de esta manera a que su credibilidad recobre el lugar que debería tener.
La ciudadanía es consciente de que el erario público no se encuentran en su mejor momento. Sus fondos no están en condiciones de dar una respuesta integral a todas las demandas ciudadanas. La mala situación económica ha hecho que la recaudación institucional sufra un importante decrecimiento hasta cotas desconocidas desde hace décadas. Para paliar el descenso recaudatorio el gobierno municipal ha tomado iniciativas duras para el bolsilllo de los ciudadanos. Ha elevado algunas tasas e impuestos por encima del IPC y como consecuencia el poder adquisitivo de las familias se resentirá.
Nadie se agolpa para contribuir de forma voluntaria a que las arcas públicas remonten la situación en la que se hallan lo que se trasluce en la toma de decisiones por parte de los responsables políticos. No queremos renunciar a los servicios que se nos prestan desde la administración local. Pero tenemos que ser realistas y admitir que la situación en la que nos hallamos obliga a nuestros representantes ha mostrar su cara más seria.
Somos plenamente sabedores que tenemos ante nosotros un panorama que nos revela que la calidad de vida de la que disfrutamos va ha sufrir una transformación que no es la que todos desearíamos. Aunque también sabemos que si los dirigentes políticos toman las decisiones correctas superaremos los malos tiempos en un período razonable y recuperaremos todo a lo que habremos tenido que renunciar .
Las medidas que se van a ir adoptando y que repercutirán en el balance de las cuentas familiares deberán ir acompañadas de otras en las que también se vean reflejadas las decisiones difíciles tomadas. Recortar los gastos de la gestión local. Es el equivalente de la clausura temporal o definitiva de algunos servicios. Suprimir es la palabra clave y valiente que debería ser el denominador común de la administración. Esta ciudad no puede mantener servicios que no pueda hacer frente y mucho menos que sean duplicados como el Síndico o defensor vecinal cuya réplica se denomina Ararteco. El Síndico es un gabinete de consulta cuyos resultados no han respondido a las espectativas que se habían levantado desde que se creó. Además con un añadido, su coste. Muy elevado para los réditos que ha cosechado.
De igual manera dentro del paquete de recortes presupuestarios los representates de la ciudadanía deberían tener en cuenta su propio prestigio. Han de dar cumplido ejemplo disminuyendo los costes de la gestión política. Adecuar las nóminas de nuestros ediles a los nuevos tiempos. Sería de una ejemplaridad responsable, además los ciudadanos verían en este gesto mucha sensibilidad, una acción solidaria. Todos caminamos en la misma dirección con un mismo objetivo emerger de la crisis. Reconoceríamos que los políticos se colocan en el mismo tranvía que el resto de los viajeros contribuyentes comenzando de esta manera a que su credibilidad recobre el lugar que debería tener.
LA SIN RAZÓN
LA SIN RAZÓN
El colectivo que apoya a los presos terroristas de la banda ETA, entre los que se encuentran la escritora alavesa Toti Martinez de Lecea, el actor Wili Toledo o el histórico de la ilegalizada Batasuna, Tasio Erkicia que no condena a la banda, pero denuncia al estado de derecho porque no muestra comprensión hacia los terroristas, señalan que los reos son parte del "conflicto" vasco; lo cual les lleva ha revindicar una aplicación de la política penitenciaria tolerante. Algo que hemos visto plasmado este fin de semana con la manifestación pro terroristas condenados. En primer lugar no existe conflicto en la Comunidad Autónoma Vasca ni en el resto del país. En segundo lugar en esta tierra existe una banda que durante más de cuatro décadas ha practicado el terrorismo. Han matado, extorsionado, han mentido, han utilizado el sistema de libertades para aplastartarlas y como consecuencia han cercenado el estado de derecho. En tercer y último lugar quien la hace la paga, duro de escuchar, pero fácil de comprender.
ETA ha puesto, durante un prolongado tiempo, coto a la libertad de los ciudadanos de esta nación. Ha pisoteado y continua pisoteando la democracia. Los presos de ETA y sus compinches están entre rejas porque el estado de derecho a través de las normas y leyes de justicia establecidas les han condenado por los delitos cometidos. Tienen que pagar a la sociedad las facturas que adeudan a todos como cualquier delincuente. Son transgresores peligrosos de la ley. Malechores y criminales. Tienen el derecho y la obligación de contribuir a purgar sus actos delictivos con la privación de libertad. La cárcel es el lugar más adecuado para que estos individuos puedan recomponer su comportamiento hacia la sociedad y sensibilizarse con sus víctimas.
La democracia de este país tiene el deber de hacer cumplir a todos aquellos que traspasan las líneas de la ley y la justicia sus penas en su integridad. Los terroristas no deben ser la escepción de una política penitenciaria blanda sin asumir la derrota y pedir perdón a sus víctimas. Al contrario deben ser el centro de atención para que nadie recoja su testigo.
El colectivo que apoya a los presos terroristas de la banda ETA, entre los que se encuentran la escritora alavesa Toti Martinez de Lecea, el actor Wili Toledo o el histórico de la ilegalizada Batasuna, Tasio Erkicia que no condena a la banda, pero denuncia al estado de derecho porque no muestra comprensión hacia los terroristas, señalan que los reos son parte del "conflicto" vasco; lo cual les lleva ha revindicar una aplicación de la política penitenciaria tolerante. Algo que hemos visto plasmado este fin de semana con la manifestación pro terroristas condenados. En primer lugar no existe conflicto en la Comunidad Autónoma Vasca ni en el resto del país. En segundo lugar en esta tierra existe una banda que durante más de cuatro décadas ha practicado el terrorismo. Han matado, extorsionado, han mentido, han utilizado el sistema de libertades para aplastartarlas y como consecuencia han cercenado el estado de derecho. En tercer y último lugar quien la hace la paga, duro de escuchar, pero fácil de comprender.
ETA ha puesto, durante un prolongado tiempo, coto a la libertad de los ciudadanos de esta nación. Ha pisoteado y continua pisoteando la democracia. Los presos de ETA y sus compinches están entre rejas porque el estado de derecho a través de las normas y leyes de justicia establecidas les han condenado por los delitos cometidos. Tienen que pagar a la sociedad las facturas que adeudan a todos como cualquier delincuente. Son transgresores peligrosos de la ley. Malechores y criminales. Tienen el derecho y la obligación de contribuir a purgar sus actos delictivos con la privación de libertad. La cárcel es el lugar más adecuado para que estos individuos puedan recomponer su comportamiento hacia la sociedad y sensibilizarse con sus víctimas.
La democracia de este país tiene el deber de hacer cumplir a todos aquellos que traspasan las líneas de la ley y la justicia sus penas en su integridad. Los terroristas no deben ser la escepción de una política penitenciaria blanda sin asumir la derrota y pedir perdón a sus víctimas. Al contrario deben ser el centro de atención para que nadie recoja su testigo.
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