LA POBREZA

La situación económica, por la que estamos atravesando, está dejándose notar en todas las esferas sociales. Numerosas personas han tenido que rendirse ante el azote de una sociedad que se ha resquebrajado. Además la clase política está siendo incapaz de dar respuesta a todas las numerosas necesidades que se van presentando fruto de la actual crisis.

Con rabiosa fuerza han comenzado ha emerger situaciones de pobreza que hacía mucho tiempo no se daban. La crudeza de la situación está desbordando los servicios sociales de las instituciones. Los recursos que se dedican a paliar situaciones difíciles empiezan a ser escasos. Con un añadido muy preocupante de que está brotando la cultura del fraude. Algo que en toda sociedad debe ser atajado de manera contundente.

Las instituciones tienen la obligación de velar por los pobres, pero a su vez deben trasmitir un claro mensaje a “los profesionales de la pobreza” de que no existe cabida en la sociedad para ellos. . El control a de ejercerse de forma constante y efectiva. El fraude no debe tener cabida entre nosotros. Cuando existe una crisis, como la actual, gestionar los recursos públicos adecuadamente es de una importancia extrema.

Las ayudas sociales procedentes de las arcas públicas han de ser repartidas acorde a las necesidades reales sin que se conviertan en ayudas de carácter indefinido. De igual manera las normas para el acceso a las prestaciones deben atender a unos parámetros racionales para evitar agravios comparativos. Unos agravios que desafortunadamente se están dando en nuestra ciudad. Algo que crea malestar entre los ciudadanos y que puede convertirse en la antesala de situaciones difíciles de controlar. Es por tanto la hora de la responsabilidad institucional que no consiste en facilitar el teléfono del “delator”, se trata de reorientar la gestión con el objetivo de propiciar la justicia social.

LA DIDUTACION DE GIPUZKOA PERJUDICA A ÁLAVA

Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Álava (FAVA) queremos expresar nuestra más enérgica protesta a lo que consideramos una auténtica tropelía por parte de la Diputación Foral de Guipuzcoa y la colaboración imprescindible de la Diputación Foral de Álava.

Los alaveses somos perjudicados. La proximidad de Guipuzcoa es un argumento muy importante por las innumerables visitas que hacemos a nuestros vecinos ya sea por cuestiones de trabajo o de ocio.

La institución foral guipuzcoana y la complicidad de la alavesa ha cambiado el nombre a ocho de las carreteras que rodean la capital guipuzcoana haciendo desaparecer por “arte de magia” 28 Km de la N-1. Una desaparición que responde a un claro objetivo y que no es otro que pasen por “caja”. Se les trata de privar, a los usuarios, la posibilidad de elegir entre el trayecto de pago o el libre.

Con la actual señalización, la Diputación de Guipuzcoa ha logrado confundir a los conductores y que solo sea posible llegar a Vitoria-Gasteiz o viajar hasta Burgos mediante “la disminución del peso de la cartera”. Es decir la utilización de la AP-8 y la AP-1 equivalen a pasar por taquilla de la autopista recién estrenada.

Es un engaño intolerable ya que esconde al usuario la alternativa de poder viajar a través de la N-1 y por tanto cruzar Echegárate que en la actualidad nos resulta no gravoso.

También la Diputación de Álava actúa de igual manera cuando los conductores transitan hacia la frontera francesa la señalización les lleva a tomar la autopista sin indicarles la alternativa de la N-1.

Desde FAVA se pondrán todos los medios, a nuestro alcance, para corregir una grave irregularidad que entendemos que se está cometiendo por parte de las instituciones. Se está cometiendo una clara usurpación de las libertades y en este caso de la libertad de elección utilizando unas prerrogativas de modo muy alarmante.

CON RETRASO

La denuncia sobre la especulación inmobiliaria en Zaramaga del gobierno municipal, que hace el colectivo ecologista es algo positivo. Una denuncia que desde la AAVV Iparralde nos satisface y les damos la bien benida al "Club". Desde la Asociación hemos señalado innumerables ocasiones que el Plan Renove no era un proyecto social si no puramente especulativo. Con un añadido muy grave y es que se vulnera los derechos de las personas a decidir sobre sus propias casas. El concejal de urbanismo, señor Alonso ha maltratado sistemáticamente los derechos de unas personas mayores con un solo objetivo la especulación.

El Plan Renove es un Plan de destrucción de numerosos proyectos de vida. El anuncio del proyecto ha causado un gran malestar ciudadano que en determinados casos ha minado la salud de los vecinos. La falta de responsabilidad y la nula sensivilidad social que el gobierno Lazcoz ha tenido en este plan se ha puesto claramente de manifiesto.

De igual manera el gabinete Lazcoz para perpetrar la especulación se va ha "cargar" una zona verde si nadie lo impide como es el campo de futbol de Zaramaga. Los ecologistas esperamos que tomen medidas para impedir esta acción.

EVALUAR LA GESTION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

Para que la gestión de recursos públicos incremente su eficiencia debe basarse en la transparencia. Para que dicha transparencia exista debe contener unos mecanismos de evaluación y control a disposición de los ciudadanos que son los "clientes" potenciales. La ciudadanía es la que tiene el derecho de que los servicios demandados tengan una calidad acorde a los recursos aportados por todos.

La participación y control que debe ejercer el ciudadano refleja y garantiza la transparencia de lo público. Características esenciales para la mejora y profundización de la democracia. Es necesario implantar en el seno de la sociedad la cultura de evaluación política. La propia clase política está en la obligación de llevar a cabo un trabajo incentivador de participación ciudadana. Incorporar a los ciudadanos para colaborar, con capacidad de decisión en los proyectos que se elaboran, es un deber que deben llevar a cabo los dirigentes políticos. Tienen que tener la suficiente capacidad para aglutinar y buscar complicidades entre los ciudadanos. El trabajo que desarrollan los políticos no tiene sentido si no es respaldado por la ciudadanía.

Evaluar no consiste solamente en fiscalizar los recursos públicos. Evaluar es dictaminar un juicio de valor en torno a los resultados que se extraigan. Juicio de valor atendiendo a una metodología que garantice la independencia. Nuestra sociedad, por tanto, debe participar en de la vida política. La política se encuentra en todo aquello que llevamos a cabo.

Queda mucho camino por recorrer para que la ciudadanía alcance una conciencia participativa y una clase política que facilite la participación. Todos los ciudadanos debemos continuar empujando para derribar "muros". Unos "muros" que todavía existen a las puertas de las instituciones.

LAS CITAS Y LOS NERVIOS

La próxima cita electoral está reflejando un creciente nerviosismo en el seno de la "familia" política. Un nerviosismo que es más acentuado en los equipos políticos que en la actualidad trabajan para que los ciudadanos les confirmen su actual liderazgo al frente de las instituciones.

El gabinete Lazcoz, como malos estudiantes, tratan de finalizar sus tareas en vísperas de los pruebas finales. Una estrategia que no da buenos resultados. La presentación del proyecto Kronos es una evidencia clara del gran nerviosismo que aflora en el equipo gubernamental. Después de tres años de legislatura, una de las propuestas estrellas electorales, como es el impulso de la ciudad a través de un proyecto llamado Kronos, se está diluyendo como azucar en el café.

El proyecto que generó muchas expectativas, sobre todos entre los jóvenes, está dando los pasos imprescindibles hacia el precipicio. El corto camino por el que ha deambulado la propuesta ha estado llena de irregularidades que por no extenderme y por no "ahondar en la herida" no describiré. Nació contaminado y está finalizando con demasiado ruido mediático fruto del nerviosismo político. El alcalde Lazcoz no se resigna a dar por finiquitado una idea que en el el fondo tenía buenas perspectivas, pero la mala planificación ha dado al traste algo que podía haber sido muy positivo para la ciudad.

La legislatura está llegando a su término y desafortunadamente Vitoria, en los últimos años, no ha continuado estando de "moda". Era modelo de limpieza donde muchas ciudades se fijaban para copiar su gestión. Una ciudad donde la delincuencia era casi residual y que ahora es un gran problema debido a una mala planificación con el añadido importante de una carencia de efectivos policiales. Una carencia de agentes fruto de la mala gestión que ha dearrollado el gobierno de la ciudad.

Faltan pocos meses para ese examen final que los ciudadanos vamos a poner a nuestros políticos. Una prueba que servirá para legitimar programas o proyectos de las diferentes formaciones políticas. Unas propuestas que deberán estar suficientemente sustanciadas y por lo tanto que se puedan llevar a cabo. Propuestas reales y no solamente ideas más o menos brillantes como la que emerge del proyecto Kronos. Un proyecto etéreo y con la filosofía que caracteriza a los grandes magos.

Los ciudadanos tenemos la última palabra. El tiempo se acabó. Ahora es el tiempo de la ciudadanía.

DESASTRE URBANO

La imagen lo dice todo. Es la prueba más clara de la falta de control de las obras en esta ciudad. La Plaza de Bilbao, donde se ha realizado la instantanea, es el ejemplo contundente de la trasgresión de las normas establecidas para la circulación de las personas en el transcurso de la ejecución de las obras.

Es muy preocupante que los responsables políticos no consideren estas incidencias de interés. El premio, que recientemente se ha otorgado a Vitoria como ciudad verde europea, parece que ha afectado de tal manera a nuestros ediles que están tan satisfechos y se han instalados en la nube de la autocomplacencia. Los ciudadanos podemos pagar seriamente la falta de compromiso de unas personas que tienen una labor encomendada, como es la gestión de la ciudad, fruto de la confianza que todos los ciudadanos les hemos otorgado a través de las "urnas".

GESTIÓN

Los ayuntamientos, que es la administración más cercana a la ciudadanía, han asumido determinadas competencias que no le corresponden. Durante la época de bonanza abordaron diversos aspectos de carácter social que repercutían muy directamente sobre la sociedad.Uno de esos aspectos han sido las diferentes modalidades de ayudas sociales. El desempleo no era preocupante como lo es hoy y por tanto ayudar a paliar situaciones de necesidad no representaba grandes problemas a las arcas públicas municipales. La recaudación local era tan sumamente satisfactoria que durante dos años, en la capital alavesa, no se elevaron apenas los impuestos y tasas. Algo que por otra parte era lo más sensato que se hacía desde la esfera política que gestiona a la sociedad.

A medida que avanza la crisis el desempleo crece y por tanto aumenta la demanda de carácter social. El Ayuntamiento de Vitoria, en la actualidad, hay que reconocer que está haciendo una labor, en cuanto ha paliar, situaciones difíciles muy importante. Un trabajo, que como hemos dicho, realmente no le corresponde en su integridad. Los cuantiosos recursos que dedica en ayudas sociales deben ser acordes a su capacidad recaudatoria. El compromiso con los ciudadanos no debe ir más allá de lo racional.

En la actualidad la ciudadanía acusa al gobierno de la ciudad de discriminar a un sector de la población en cuanto al reparto de las ayudas. De igual manera subraya que los recursos que se distribuyen deben ser temporales para resolver determinadas situaciones y no que sean algo indefinido. Se reclama un límite de tiempo para percibir las ayudas.

El control que se hace de los recursos que se distribuyen a los más necesesitados no parece estar a la altura de la facilidad con la que se distribuyen en algunos casos. El teléfono que se ha puesto al servicio del ciudadano para denunciar irregularidades en el cobro de las ayudas no es el mejor instrumento. Es una herramienta de escasa efectividad y que saca a la luz la incapacidad de la administración en revisar lo que ella misma gestiona.

La crisis está dejando muy claro los fallos del sistema en cuanto a la gestión social lo cual se debería reconducir. Una administración local no debe cargar con todo el peso social. Los ayuntamientos no son competentes para suplantar ninguna consejería o ministerio y menos cuando de lo que se trata es de hacer frente a una crisis de las dimensiones que tiene la actual.

Las competencias deben ser asumidas por los entes que corresponda. Lo contrario da lugar a los populismos que todos conocemos.