El movimiento 15-M ha cruzado la frontera de la legalidad desde su nacimiento. Los acampados en calles y plazas de numerosas poblaciones no representan el inconformismo ciudadano hacia los representantes políticos. Los “okupas” del espacio público no solo se han transformado en anti-sistema son activistas violentos contra el estado de derecho.
Hemos sido testigos de sus actuaciones. Han atentado contra los representantes de los ciudadanos tratando de impedir, por la fuerza, que los cargos electos desarrollen el cometido que le ha sido encomendado. La complacencia de quienes tienen que responder a los disturbios con sus autores pone en peligro la estabilidad del estado.
Los gobernantes están para defender el estado de derecho. Les hemos elegido para respetar y hacer respetar las normas y leyes establecidas. La dejación en las funciones de los representantes de los ciudadanos fomenta la anarquía, como es en este caso, pudiendo dar lugar a la descomposición de toda una nación.
La relajación, por parte del ministerio del interior, para mantener el orden ciudadano indica que se trata de la kale-borroka zapateril. La calle está sirviendo de banco de pruebas para la obtención de “un aguijón perverso y envenenado” contra un futurible gobierno liderado por el PP.
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