LA POBREZA

La situación económica, por la que estamos atravesando, está dejándose notar en todas las esferas sociales. Numerosas personas han tenido que rendirse ante el azote de una sociedad que se ha resquebrajado. Además la clase política está siendo incapaz de dar respuesta a todas las numerosas necesidades que se van presentando fruto de la actual crisis.

Con rabiosa fuerza han comenzado ha emerger situaciones de pobreza que hacía mucho tiempo no se daban. La crudeza de la situación está desbordando los servicios sociales de las instituciones. Los recursos que se dedican a paliar situaciones difíciles empiezan a ser escasos. Con un añadido muy preocupante de que está brotando la cultura del fraude. Algo que en toda sociedad debe ser atajado de manera contundente.

Las instituciones tienen la obligación de velar por los pobres, pero a su vez deben trasmitir un claro mensaje a “los profesionales de la pobreza” de que no existe cabida en la sociedad para ellos. . El control a de ejercerse de forma constante y efectiva. El fraude no debe tener cabida entre nosotros. Cuando existe una crisis, como la actual, gestionar los recursos públicos adecuadamente es de una importancia extrema.

Las ayudas sociales procedentes de las arcas públicas han de ser repartidas acorde a las necesidades reales sin que se conviertan en ayudas de carácter indefinido. De igual manera las normas para el acceso a las prestaciones deben atender a unos parámetros racionales para evitar agravios comparativos. Unos agravios que desafortunadamente se están dando en nuestra ciudad. Algo que crea malestar entre los ciudadanos y que puede convertirse en la antesala de situaciones difíciles de controlar. Es por tanto la hora de la responsabilidad institucional que no consiste en facilitar el teléfono del “delator”, se trata de reorientar la gestión con el objetivo de propiciar la justicia social.