martes, 2 de noviembre de 2010

GESTIÓN

Los ayuntamientos, que es la administración más cercana a la ciudadanía, han asumido determinadas competencias que no le corresponden. Durante la época de bonanza abordaron diversos aspectos de carácter social que repercutían muy directamente sobre la sociedad.Uno de esos aspectos han sido las diferentes modalidades de ayudas sociales. El desempleo no era preocupante como lo es hoy y por tanto ayudar a paliar situaciones de necesidad no representaba grandes problemas a las arcas públicas municipales. La recaudación local era tan sumamente satisfactoria que durante dos años, en la capital alavesa, no se elevaron apenas los impuestos y tasas. Algo que por otra parte era lo más sensato que se hacía desde la esfera política que gestiona a la sociedad.

A medida que avanza la crisis el desempleo crece y por tanto aumenta la demanda de carácter social. El Ayuntamiento de Vitoria, en la actualidad, hay que reconocer que está haciendo una labor, en cuanto ha paliar, situaciones difíciles muy importante. Un trabajo, que como hemos dicho, realmente no le corresponde en su integridad. Los cuantiosos recursos que dedica en ayudas sociales deben ser acordes a su capacidad recaudatoria. El compromiso con los ciudadanos no debe ir más allá de lo racional.

En la actualidad la ciudadanía acusa al gobierno de la ciudad de discriminar a un sector de la población en cuanto al reparto de las ayudas. De igual manera subraya que los recursos que se distribuyen deben ser temporales para resolver determinadas situaciones y no que sean algo indefinido. Se reclama un límite de tiempo para percibir las ayudas.

El control que se hace de los recursos que se distribuyen a los más necesesitados no parece estar a la altura de la facilidad con la que se distribuyen en algunos casos. El teléfono que se ha puesto al servicio del ciudadano para denunciar irregularidades en el cobro de las ayudas no es el mejor instrumento. Es una herramienta de escasa efectividad y que saca a la luz la incapacidad de la administración en revisar lo que ella misma gestiona.

La crisis está dejando muy claro los fallos del sistema en cuanto a la gestión social lo cual se debería reconducir. Una administración local no debe cargar con todo el peso social. Los ayuntamientos no son competentes para suplantar ninguna consejería o ministerio y menos cuando de lo que se trata es de hacer frente a una crisis de las dimensiones que tiene la actual.

Las competencias deben ser asumidas por los entes que corresponda. Lo contrario da lugar a los populismos que todos conocemos.

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