Ya no causa sorpresa las reacciones contrarias a la modificación de acceso a las prestaciones sociales. Forma parte de la liturgia. El endurecimiento de los requisitos para poder ser receptores de las ayudas se ha interpretado, como un ataque a los más necesitados. Es decir sin un análisis pausado y racional se lanzan consignas sin argumentos sólidos. Tienen como objetivo colocar a la ciudadanía en frente de los administrdores políticos.
Desde la administración se persigue una reorientación de las prestaciones sociales, atendiendo a lo que desde la calle se viene reclamando, lo cual no significa carta blanca para desarrollar un programa de recortes. Los gestores políticos deben imprimir racionalidad. Los tiempos dificiles por los que atravesamos lo exigen. La crisis que nos azota ha traído consecuencias muy negativas. Las instituciones tienen las arcas vacías, disponen de menos recursos lo cual significa que disminuye su capacidad de respuesta.Se han suspendido inversiones estratégicas por falta de fondos, pero un capítulo no se ha visto recortado. El de lo social. La ciudadanía lo exigía. Los recursos asignados para ayudas a los más vulnerables no han sufrido restricciones, pero su gestión dada su relevancia ha de ser exquisita. Se debe actuar con efecacia para evitar que se cuelen en el sistema asistencial los timadores con vocación de sabotear a la sociedad. Es la labor que una administración responsable debe realizar.
Los recursos públicos que son finitos deben ser administrados de tal manera que los requisitos para tener acceso a ellos deben adecuarse a la realidad.Con ello el reparto será más justo. Significa por tanto primar algunos requisitos para evitar el llamado efecto llamada por el que se podrían colar comportamientos insolidarios. Vincular todo esto con el racismo o la xenofobia como algunos responsables políticos pretenden es obceno. Debilita la esencia de la contribución de las instituciones a los ciudadanos.
En política no todo vale existen líneas que no deben traspasarse. Apuntar como racistas las medidas que protegen a quienes menos tienen perjudica la imagen de los políticos. Están para hacer de la utopía una realidad. Nos sobran los demagogos que no son resolutivos. Los ciudadanos aspiramos a que se nos den respuestas. Respuestas que nos hagan sentirnos orgullosos de la sociedad en la que vivimos. Tenemos el derecho a que se cumplan todo aquello a lo que aspiramos de una manera racional. Colocar fronteras a las actitudes que van contra los ciudadanos es legítimo. Poner trabas a los proyectos que favorecen la convivenciaa es un serio atentado contra la libertad.
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